Es sabido que en este país o estado o como se quiera llamar, el gobierno del mismo se reserva celosamente el derecho de asignar la capacitación de portar armas a sus empleados encargados del orden público y de la defensa de la nación. Fuera de estos empleados públicos, existen sólo algunas excepciones aplicables a los trabajadores de seguridad privada sobre los que ejercen un estrecho control. Pues bien, si los ciudadanos renuncian a reclamar su derecho a portar armas para una efectiva defensa personal ante un probable ataque armado, en favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a quienes se les encomienda esta tarea, al darse el lamentable caso de resultar heridos o muertos por criminales (terroristas, atracadores, etc...), habiendo carecido de la defensa eficaz de los que sí disponen de herramientas efectivas para ello, se hallarán en un estado de indefensión por inacción de las fuerzas policiales, siendo que el gobierno debiera de compensar a estas víctimas a quienes no protegió e incluso les impidió una efectiva capacidad de autodefensa.
Más aún, si el agresor resulta estar "de permiso" carcelario o con graves antecedentes y no habiendo cumplido íntegras sus condenas, el estado es responsable de haber liberado a quien causa este daño, habiéndolo hecho con evidente criterio deficiente. Pues bien, yo digo que el estado es responsable y debe de pagar por ello.
Cuando vemos a ETA en las instituciones, aupada por el Tribunal Prostitucional del PSOE y por la inacción cómplice del gobierno, cuesta entender cómo es que se premia a los delincuentes de quienes no se nos protege. Señor presidente del gobierno, ojalá! que no vuelvan a haber bombas pero, si las hay, que se las pongan a su familia, ojalá! que no vuelvan los tiros en la nuca pero, si los hay, que le salpique la sangre.
He dicho y pienso.
UNDIVE
