La crisis que vivimos, con un déficit del estado abultado y dificultades para colocar la deuda soberana incluso a tipos de interés muy elevados que le son exigidos al estado emisor, hace que resulte ineludible el rebajar el déficit y esto supone el tener que proceder a recortar en los gastos del estado. Una gran parte de estos gastos, son los que van destinados a soportar los elementos que conforman el estado de bienestar, de lo cual se deduce que es del todo necesario recortar en estos gastos para poder aproximarse a un equilibrio presupuestario, si bien, en un examen más crítico, también facilmente podemos achacar llegados a este punto, una mala gestión de los recursos a los gobernantes de la nación que han permitido que se alcance la situación que hace necesaria e inaplazable una revisión drástica de las prestaciones públicas. El gobierno, ante la responsabilidad de hacer frente a sus vencimientos de deuda y constantemente necesitado de mantener una imagen de deudor solvente, tiene poco margen de decisión, habrá de quitar de allí o allá, pero habrá de quitar para poder pagar y es en este margen donde caben la discusión las críticas y las desavenencias pero sólo dentro de la comprensión del hecho de que el gobierno, de alguna manera, ha de pagar y mantener su imagen de solvencia. El oponerse a cualquier tipo de recorte del gasto en esta situación, es un claro caso de demagogia o ignorancia supina.
Es estado de bienestar habrá de verse reducido en cuanto a prestaciones públicas como mal menor antes de alcanzar el colapso del mismo. El mantener
las prestaciones a toda costa, a base de aumentar indefinidamente el déficit, resulta totalmente insostenible y es el emprender el camino al desastre. Una disminución transitoria y planificada de las aportaciones del estado a los servicios sociales, puede alargar la prestación de los mismos y permitir su estabilización en el tiempo, dando ocasión a la reposición de los servicios previamente descartados al mejorar la situación económica. De otra manera, el ignorar la capacidad real de sustentación de un sistema que se trata de mantener en toda su amplitud a pesar de la inviabilidad económica de la empresa, supondrá finalmente la voladura de los mismos cimientos del sistema, lo que sin duda será garantía de largos años de carencia de un estado del bienestar que habrá no ya de recuperarse cuando la situación económica mejore, sino que se tendrá que reimplantar con el consiguiente coste adicional en recursos.
Es recomendable no emplearse en planteamientos demagógicos y ceñirse a la racionalidad económica.
He dicho y pienso,
Undive.
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