Una propuesta para racionalizar gastos.

Siendo que actualmente se debate acerca del copago y repago y se anuncia la imposibilidad de mantener la gratuidad de diversos servicios públicos, esta podría ser una propuesta para,sin dejar de prestar un servicio, garantizar su mantenimiento en el tiempo.
A todos nos preocupa el mantenimiento de las subvenciones del estado en sanidad, educación, etc, sin embargo, tras largos años de disponer gratuitamente de estos servicios o a un costo reducido, una gran parte de la población piensa que es un derecho irrenunciable la percepción de los mismos. Irrenunciable o no, lo que resulta indiscutible es que el poder  mantener ese derecho cuesta dinero. Hay derechos que se conquistan una vez y se pagan toda una vida, no obstante, si tras conquistar el castillo, valga el símil, olvidamos invertir en su mantenimiento, el castillo se derrumba.
En una situación de recesión económica, de grave crisis, antes de afrontar una eventual incapacidad para mantener el sistema público educativo, cabría plantearse una fórmula del estilo a la siguiente: los estudiantes que, acabada su carrera en una universidad pública, se incorporen a un puesto de trabajo remunerado conforme a la categoría laboral a la que pueden optar por causa de su titulación universitaria, habrán de revertir una parte de su salario equivalente al gasto previo proporcional que supusieron sus estudios, en la cuenta del Estado para el sostenimiento del sistema educativo.
Abogados, médicos, procuradores, son profesionales bien pagados que han estudiado muchas veces en universidades públicas con lo cual, sus estudios han costado dinero al Estado y siendo
la situación económica complicada, es de justicia implicarles en la viabilidad del mantenimiento de las mismas oportunidades que han disfrutado para próximas generaciones de estudiantes. Habría que estudiar propuestas de este tipo.

He dicho y pienso,

Undive

Crisis, recortes y estado de bienestar

La crisis que vivimos, con un déficit del estado abultado y dificultades para colocar la deuda soberana incluso a tipos de interés muy elevados que le son exigidos al estado emisor, hace que resulte ineludible el rebajar el déficit y esto supone el tener que proceder a recortar en los gastos del estado. Una gran parte de estos gastos, son los que van destinados a soportar los elementos que conforman el estado de bienestar, de lo cual se deduce que es del todo necesario recortar en estos gastos para poder aproximarse a un equilibrio presupuestario, si bien, en un examen más crítico, también facilmente podemos achacar llegados a este punto, una mala gestión de los recursos a los gobernantes de la nación que han permitido que se alcance la situación que hace necesaria e inaplazable una revisión drástica de las prestaciones públicas. El gobierno, ante la responsabilidad de hacer frente a sus vencimientos de deuda y constantemente necesitado de mantener una imagen de deudor solvente, tiene poco margen de decisión, habrá de quitar de allí o allá, pero habrá de quitar para poder pagar y es en este margen donde caben la discusión las críticas y las desavenencias pero sólo dentro de la comprensión del hecho de que el gobierno, de alguna manera, ha de pagar y mantener su imagen de solvencia. El oponerse a cualquier tipo de recorte del gasto en esta situación, es un claro caso de demagogia o ignorancia supina.
Es estado de bienestar habrá de verse reducido en cuanto a prestaciones públicas como mal menor antes de alcanzar el colapso del mismo. El mantener
las prestaciones a toda costa, a base de aumentar indefinidamente el déficit, resulta totalmente insostenible y es el emprender el camino al desastre. Una disminución transitoria y planificada de las aportaciones del estado a los servicios sociales, puede alargar la prestación de los mismos y permitir su estabilización en el tiempo, dando ocasión a la reposición de los servicios previamente descartados al mejorar la situación económica. De otra manera, el ignorar la capacidad real de sustentación de un sistema que se trata de mantener en toda su amplitud a pesar de la inviabilidad económica de la empresa, supondrá finalmente la voladura de los mismos cimientos del sistema, lo que sin duda será garantía de largos años de carencia de un estado del bienestar que habrá no ya de recuperarse cuando la situación económica mejore, sino que se tendrá que reimplantar con el consiguiente coste adicional en recursos.
Es recomendable no emplearse en planteamientos demagógicos y ceñirse a la racionalidad económica.

He dicho y pienso,
Undive.