De las comunidades autónomas y su impacto económico.

La descentralización, que duda cabe, conlleva ventajas siempre y cuando sea una forma de gobierno que trate de atender al ciudadano por parte de la administración regional  de una manera más próxima y eficaz. El problema surge cuando esta estrategia del estado se convierte en herramienta nacionalista. El problema aumenta cuando el gobierno del estado depende en gran medida (excesiva) del apoyo parlamentario de los grupos independentistas, conocidos como nacionalistas, para mantenerse en el gobierno. Este caso, debido a la ley electoral española, se produce de manera casi constante y la decepcionante moralidad de los gobernantes, hace que primen los pactos para mantenerse en el poder, antes que el interés general.
En época de bonanza económica, se podían mantener 17 gobiernos autonómicos, con 17 presidentitos, 17 sueldos de presidentes (que no sueldecitos), vicepresidentitos, asesores, funcionarios, etc. Hoy día, la situación no es boyante ni mucho menos. El coste de estos gobiernos autonómicos, con la inevitable duplicidad de funciones con respecto a la administración central, supone una dura carga que corre a lomos del ciudadano. Esta carga o es sustentable.
Los gobiernos autonómicos nacionalistas, han acaparado demasiado poder, multiplicando la corrupción y el despilfarro de dinero público. Políticos que no poseen categoría para despuntar en política nacional, viéndose condenados a ser políticos de provincia, sin más aspiraciones, deciden hacer de sus provincias, naciones y así ver cumplidas sus ambiciones.
El poder de gestión de las autonomías, debe de limitarse o nos veremos abocados a la ruina en un exceso político. Esto puede llegar a asemejar a la situación de las polis griegas, pero sin su cultura y siendo ciudadanos sólo los políticos, los demás seremos esclavos. Hay que controlar los gobiernos autonómicos desde el gobierno central, hay que limitar su techo de endeudamiento, o acabaremos todos ahogados en una orgía de excesos políticos.
La política de educación debe ser equivalente en todas las regiones y de esto debe de encargarse el estado. Las competencias autonómicas en este ámbito, deben limitarse a el enriquecimiento de la enseñanza oficial que plantee el estado, ofreciendo materias extraordinarias en cada comunidad, orientadas a enseñar sus singularidades culturales.

He dicho y pienso,

Undive.